Documentos enviados a la redacción de Chupa TV contradicen parte de los argumentos presentados por la defensa de César Gustavo Jáuregui Moreno durante la audiencia, donde sostuvo que Santiago de la Peña Grajeda fue quien nombró a Guillermo Arturo Zuany Portillo como fiscal especializado en Operaciones Estratégicas, y no el exfiscal general de Chihuahua.

Después de la publicación inicial de esta información, llegaron a la redacción de Chupa TV documentos oficiales que permiten precisar la intervención de Jáuregui en el procedimiento de nombramiento de Zuany Portillo y contrastar los argumentos expuestos por sus abogados durante la audiencia.

La audiencia se encuentra actualmente en un receso de dos horas, tras el cual continuará el desarrollo del procedimiento judicial.

Uno de los documentos es el oficio FGE 15/1/1/0291/2025, fechado el 5 de septiembre de 2025 y dirigido a Fernando Álvarez Monje, titular de la Oficina de la Gubernatura. En él, César Gustavo Jáuregui Moreno, entonces fiscal general del Estado, propuso formalmente a Guillermo Arturo Zuany Portillo para ocupar el cargo de fiscal especializado en Operaciones Estratégicas.

El oficio, firmado por Jáuregui, solicita que el nombramiento correspondiente fuera tramitado ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con fundamento en el artículo 93, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

La documentación establece que Jáuregui intervino directamente en el procedimiento al presentar la propuesta formal, aunque la designación correspondía a la titular del Poder Ejecutivo estatal.

Un segundo documento, fechado el 8 de septiembre de 2021, acredita que María Eugenia Campos Galván nombró a Zuany Portillo coordinador general de la Agencia Estatal de Investigación. El documento está firmado por César Gustavo Jáuregui Moreno, quien entonces se desempeñaba como secretario general de Gobierno.

Durante la audiencia, la defensa utilizó el nombramiento de 2025 para cuestionar la responsabilidad que la Fiscalía atribuye a su representado y sostuvo que la designación correspondió a Santiago de la Peña, no a Jáuregui.

Sin embargo, el oficio enviado a la redacción de Chupa TV confirma que el entonces fiscal general presentó la propuesta formal para que Zuany Portillo asumiera la titularidad de Operaciones Estratégicas. Este elemento permite contrastar la versión expuesta por la defensa con el contenido de la documentación oficial.

La precisión es relevante porque una cosa es la autoridad facultada para formalizar el nombramiento y otra la intervención de quien propone al candidato. El documento no acredita que Jáuregui haya expedido por sí mismo la designación definitiva, pero sí demuestra que participó formalmente en el procedimiento.

El punto central de la investigación va más allá de quién propuso o formalizó el nombramiento. La Fiscalía sostiene que Zuany Portillo habría continuado ejerciendo funciones de mando sobre elementos de la Agencia Estatal de Investigación después de asumir otra responsabilidad, presuntamente con el conocimiento o consentimiento de Jáuregui.

Los documentos recibidos por Chupa TV acreditan antecedentes de los nombramientos, pero no demuestran por sí solos que existiera una continuidad irregular en las funciones de mando ni que Jáuregui la hubiera autorizado. Esos señalamientos deberán analizarse a partir del conjunto de datos de prueba incorporados al procedimiento.

La defensa también rechazó que existan elementos suficientes para acreditar que Jáuregui conociera o aprobara la presunta participación de personas extranjeras en el operativo realizado el 16 de abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos.

Chupa TV mantiene abierto el derecho de réplica

En apego al derecho de réplica y al compromiso de ofrecer información equilibrada, Chupa TV mantiene abierta la posibilidad de que César Gustavo Jáuregui Moreno, sus abogados, Santiago de la Peña Grajeda y las demás personas mencionadas en esta publicación expongan sus aclaraciones, presenten documentación adicional o precisen cualquier aspecto de los hechos aquí descritos.

Este medio publicará las respuestas que se reciban y que resulten pertinentes para aclarar la información, con el propósito de que las distintas versiones puedan ser conocidas por la audiencia y contrastadas con los documentos disponibles.

La publicación de estos documentos no constituye una declaración de culpabilidad ni sustituye la valoración judicial de las pruebas. La responsabilidad de los involucrados y el alcance de sus actuaciones deberán determinarse dentro del procedimiento correspondiente.

La defensa de César Gustavo Jáuregui Moreno sostuvo que Santiago de la Peña Grajeda fue quien nombró a Guillermo Arturo Zuany Portillo para ocupar un cargo en la unidad de Operaciones Estratégicas, y no el exfiscal general de Chihuahua. El argumento fue presentado durante la audiencia para cuestionar la responsabilidad que la Fiscalía atribuye a su representado.

Durante su intervención, los abogados señalaron que el nombramiento de Zuany Portillo, fechado el 5 de septiembre de 2025, forma parte de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público.

La defensa utilizó este documento para cuestionar la relación que la Fiscalía plantea entre Jáuregui y Zuany Portillo, particularmente respecto al señalamiento de que este último habría continuado ejerciendo funciones de mando sobre elementos de la Agencia Estatal de Investigación después de asumir otra responsabilidad.

El abogado cuestionó quién debía asumir la responsabilidad por la designación y sostuvo que el nombramiento correspondió a Santiago de la Peña, no a Jáuregui.

Con este argumento, la defensa insistió en que no existen datos suficientes para demostrar que el exfiscal autorizó que Zuany Portillo continuara ejerciendo funciones de mando de manera irregular o con su consentimiento.

Los abogados también rechazaron que existan elementos suficientes para acreditar que Jáuregui conociera o aprobara la presunta participación de personas extranjeras en el operativo realizado el 16 de abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos.

Estos planteamientos forman parte de la estrategia jurídica de Jáuregui para solicitar que no sea vinculado a proceso. La responsabilidad de los involucrados y el alcance del nombramiento deberán determinarse a partir de las pruebas que se analicen en el procedimiento.

Lo que hoy sucede en Chihuahua no solamente ha puesto bajo cuestionamiento la actuación de funcionarios del gobierno estatal. También ha dejado al descubierto las profundas contradicciones de Acción Nacional y la facilidad con la que cambia su discurso cuando sus propios intereses están en juego.

Hace apenas unos meses, la gobernadora María Eugenia Campos acudía a medios nacionales para defender las acciones de su gobierno en materia de seguridad, presumir la cooperación con agencias estadounidenses y sostener que habían actuado correctamente.

Hoy, frente a la detención de César Jáuregui, acusado del grave delito de traición a la patria, la narrativa es completamente distinta.

Lo que antes se defendía públicamente como un logro de gobierno, ahora es motivo de deslindes, señalamientos y responsabilidades que parecen recaer exclusivamente sobre quien durante años fue uno de sus colaboradores más cercanos.

Estamos hablando de César Jáuregui, un hombre que acompañó políticamente a la gobernadora durante más de una década, que fue parte fundamental de su proyecto y a quien ella misma confió una de las responsabilidades más importantes del estado.

Hoy, su propia defensa acusa a la gobernadora de haberlo traicionado, mientras integrantes de Acción Nacional cuestionan públicamente su detención.

Resulta inevitable preguntarse: ¿qué cambió? ¿Los hechos o la conveniencia política? ¿Por qué lo que antes se defendía como una decisión correcta hoy parece ser responsabilidad de una sola persona?

El gobierno estatal tiene la obligación de aclarar estas contradicciones. No basta con cambiar el discurso cuando las circunstancias dejan de ser favorables.

Pero este episodio también exhibe una crisis interna del PAN. Un partido que durante años ha hablado de lealtad, legalidad y principios, hoy enfrenta acusaciones de traición entre sus propios integrantes, mientras uno de sus principales exfuncionarios permanece detenido por un presunto delito contra la soberanía nacional.

La gravedad del caso exige investigaciones imparciales, respeto al debido proceso y responsabilidades sustentadas en pruebas.

Lo que no puede aceptarse es que la responsabilidad política se diluya entre versiones contradictorias, deslindes personales y disputas internas.

La responsabilidad de gobernar no desaparece cuando un colaborador deja de ser políticamente conveniente.

Las y los chihuahuenses merecen saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y por qué las explicaciones públicas del gobierno han cambiado.

Porque la legalidad, la congruencia y la lealtad a México no pueden depender de las circunstancias políticas ni de las relaciones personales de quienes ejercen el poder.

Héctor Villasana asegura que más de 80 testimonios respaldan la versión de que los extranjeros no participaron activamente en el operativo; rechaza que su cliente deba enfrentar cargos por traición a la patria.

El abogado Héctor Villasana, defensor de César Jáuregui, rechazó que su representado haya autorizado la participación de agentes estadounidenses en el operativo donde posteriormente se localizó un presunto narcolaboratorio, y sostuvo que no existen pruebas que acrediten que el exfiscal conociera la presencia de los extranjeros.

Durante sus declaraciones, Villasana afirmó que las conclusiones emitidas el 18 de mayo de 2026 establecieron que las personas de nacionalidad estadounidense no fueron reportadas a los mandos superiores, mantuvieron una participación limitada y reservada, y no portaban insignias que las identificaran como integrantes de alguna corporación.

El abogado señaló que más de 80 testimonios, incluidos los de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en labores de seguridad y resguardo, respaldan la versión de que los extranjeros no tuvieron una intervención activa en el operativo.

Villasana cuestionó la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jáuregui por el delito de traición a la patria y sostuvo que la autorización para realizar el operativo no puede interpretarse como una aprobación de la participación de agentes extranjeros.

Explicó que la decisión de Jáuregui respondió a la información disponible en ese momento sobre un campamento presuntamente relacionado con personas generadoras de violencia, sin que, según la defensa, se tuviera conocimiento de que en el lugar operaba un laboratorio.

Respecto al video difundido días atrás, en el que el exfiscal afirmó que volvería a tomar la misma decisión, Villasana aseguró que sus palabras se referían a ordenar el operativo para intervenir ante los hechos reportados, y no a permitir la presencia de agentes estadounidenses.

El defensor insistió en que no existe evidencia que demuestre que Jáuregui conocía la presencia de los extranjeros o que hubiera autorizado su intervención, por lo que rechazó la interpretación de la FGR sobre los hechos.

La defensa sostiene que la responsabilidad de Jáuregui debe analizarse a partir de las pruebas incorporadas a la investigación y no únicamente de la autorización para ejecutar el operativo.