2027

Chihuahua, Chih.– La diputada Brenda Ríos cuestionó la estrategia política del Partido Acción Nacional y sostuvo que, ante la falta de resultados y de una propuesta clara para el estado y la capital, su principal apuesta se ha reducido a atacar de manera permanente a Morena.

Durante una entrevista radiofónica, el conductor le preguntó qué le diría a la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, si en ese momento entrara por la puerta del estudio.

Ríos respondió que, por supuesto, la saludaría con respeto; sin embargo, señaló que si la conversación fuera política le plantearía una pregunta de fondo:

“El PAN no tiene proyecto de nación, menos un proyecto de estado y menos todavía un proyecto para la ciudad de Chihuahua. Su único proyecto parece ser atacar a Morena. Pero entonces la pregunta es muy sencilla: ¿ellos qué ofrecen?”, cuestionó.

La legisladora señaló que esta estrategia se ha reflejado en la colocación de espectaculares y en la difusión de playeras con mensajes dirigidos contra Morena, materiales que han sido llevados ante las autoridades electorales y respecto de los cuales se han dictado medidas cautelares.

Actualmente, Brenda Ríos se mantiene al frente de las menciones y mediciones rumbo a la candidatura interna de Morena para la alcaldía de Chihuahua, al tiempo que se ha consolidado como una de las voces más críticas frente al gobierno municipal encabezado por Marco Bonilla, particularmente en temas de seguridad, servicios públicos, infraestructura y cumplimiento de compromisos.

En contraste, Acción Nacional enfrenta un escenario de desgaste rumbo a la gubernatura y continúa sin una definición clara sobre quién encabezará su proyecto para la capital del estado.

Ríos sostuvo que la ciudadanía ya distingue entre propaganda y resultados.

“Pueden llenar la ciudad de espectaculares, playeras y ataques, pero eso no cambia la realidad. La gente sabe si vive más segura, si su colonia está mejor, si tiene mejores servicios y si realmente mejoraron sus condiciones de vida”, afirmó.

Finalmente, la diputada insistió en que el debate político de Chihuahua debe centrarse en propuestas y resultados, no únicamente en campañas negativas.

“Atacar a Morena no es un proyecto de gobierno. Chihuahua necesita soluciones, visión de futuro y resultados. Cuando lo único que queda es atacar al adversario, es porque ya no hay nada nuevo que ofrecer. Por eso se van”, concluyó.

Chihuahua, Chih.– El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua concedió nuevas medidas cautelares derivadas de las denuncias presentadas por Morena contra la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, por distintos contenidos de la campaña que ha difundido contra el partido.

Entre las determinaciones adoptadas, el IEE ordenó frenar la distribución de las playeras que habían sido anunciadas, así como retirar temporalmente publicaciones en Facebook en las que se utilizaron expresiones que vinculan a Morena con la muerte, el narcotráfico y actividades criminales.

La autoridad electoral también ordenó impedir la reproducción de determinados contenidos bajo control de la denunciada y consideró, de manera preliminar, que algunas de esas expresiones podían rebasar los límites de la crítica política al asociar al partido con conductas delictivas.

Estas resoluciones se suman a la serie de medidas cautelares obtenidas por Morena frente a la campaña encabezada por la dirigencia estatal del PAN, en la que se han difundido distintos mensajes de asociación negativa contra el partido.

Las determinaciones son provisionales y no constituyen todavía una resolución definitiva sobre la existencia de las infracciones denunciadas.

Chihuahua, Chih.— La disputa interna del Partido Acción Nacional por la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua escaló hasta su dirigencia nacional, luego de que el panista Luis Villegas Montes dirigiera una carta abierta al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Romero, en la que advierte sobre una posible intervención del Gobierno del Estado en la definición de la candidatura y plantea una preocupación que comienza a escucharse entre distintas voces del propio panismo: el riesgo de perder Chihuahua capital en 2027.

Villegas decidió no dirigir su posicionamiento a la dirigencia estatal. Desde el comienzo de su carta explica el motivo: considera que lo que ocurre en Chihuahua “ya rebasó sus fronteras” y dejó de ser únicamente una disputa entre aspirantes para convertirse en una discusión sobre la relación entre el Gobierno estatal y Acción Nacional.

El planteamiento adquiere relevancia frente a las últimas mediciones electorales de la capital. Una encuesta realizada por Lorena Becerra Encuestas y Opinión, levantada del 13 al 18 de agosto mediante 500 entrevistas en vivienda, encontró diferencias sustanciales en la competitividad del PAN dependiendo del candidato que presente en 2027.

En un eventual enfrentamiento entre César Jáuregui y Brenda Ríos, el panista registra 39 por ciento frente a 25 por ciento de la diputada de Morena, una diferencia de 14 puntos. Sin embargo, cuando el candidato es Santiago de la Peña, la distancia disminuye hasta únicamente cinco puntos: 34 por ciento para el secretario general de Gobierno frente a 29 por ciento para Brenda Ríos.

La misma medición coloca además a Jáuregui como el aspirante panista con mayor preferencia individual, con 18 por ciento, mientras Santiago de la Peña registra 9 por ciento.

Los números ayudan a explicar por qué la disputa interna comienza a adquirir una dimensión mayor para Acción Nacional. Ya no se trata solamente de qué grupo controla la candidatura, sino de qué tan competitivo llegará el PAN a defender uno de sus principales bastiones electorales frente al crecimiento de Morena en la capital.

Es precisamente en ese contexto donde Villegas cuestiona que desde el Gobierno del Estado pudiera favorecerse anticipadamente al secretario general de Gobierno. En su carta reclama condiciones de equidad para todos los aspirantes y menciona, entre otros perfiles, a César Jáuregui, María Angélica “Manque” Granados y Jorge Soto, al tiempo que exige que nadie sea descartado ni favorecido por una decisión tomada desde Palacio.

Para Villegas, el problema ha dejado de ser únicamente electoral. En uno de los pasajes centrales de su posicionamiento advierte que Acción Nacional corre el riesgo de reproducir desde un gobierno emanado de sus propias filas prácticas que históricamente combatió, particularmente la utilización del aparato gubernamental para influir en las decisiones partidistas.

La confrontación ocurre además en un momento de creciente cuestionamiento hacia la conducción política del PAN estatal encabezado por Daniela Álvarez.

Durante agosto, la dirigencia panista lanzó en Chihuahua y Ciudad Juárez una campaña de espectaculares con la frase “Muerte y Morena es lo mismo”, estrategia confirmada públicamente por la propia presidenta estatal del PAN y que provocó una fuerte controversia política y procedimientos ante autoridades electorales.

La campaña también ha provocado críticas y reservas desde sectores del panismo tradicional, círculos empresariales y distintas voces de la sociedad civil, entre ellas expresiones vinculadas al sector empresarial organizado como COPARMEX Chihuahua, por considerar que la confrontación política basada en la muerte profundiza la polarización en lugar de ofrecer respuestas a los problemas que enfrenta el estado.

Así, la dirigencia estatal enfrenta simultáneamente cuestionamientos por su estrategia de confrontación hacia el exterior y una creciente disputa hacia el interior del propio partido sobre la definición de candidaturas.

En ese escenario cobra especial significado que Villegas haya decidido interpelar directamente a Jorge Romero y no a Daniela Álvarez. Su mensaje implica que, desde una parte del panismo chihuahuense, la dirigencia estatal ha dejado de ser considerada un árbitro suficiente para procesar la sucesión de la capital.

El autor pide al CEN nacional imparcialidad absoluta, piso parejo entre aspirantes, ausencia de intervención gubernamental, respeto a la militancia, procedimientos verificables y motivación exhaustiva de cualquier eventual designación extraordinaria.

También coloca bajo escrutinio directamente el proyecto político de Santiago de la Peña y menciona las recientes salidas de funcionarios estatales como elementos que, en su opinión, deberían ser investigados por la dirigencia nacional para determinar si existe algún mecanismo de presión o disciplina política dentro del Gobierno.

La carta revela así una contradicción cada vez más difícil de ocultar rumbo a 2027: el PAN necesita conservar Chihuahua capital, pero al mismo tiempo enfrenta una lucha interna por decidir quién encabezará su defensa.

Mientras esa confrontación crece, Brenda Ríos comienza a aparecer en distintas mediciones como un perfil competitivo de Morena para disputar una ciudad que durante años ha sido considerada uno de los principales bastiones de Acción Nacional.

La encuesta de Lorena Becerra muestra con claridad la dimensión del dilema: frente al perfil panista mejor posicionado, Morena todavía enfrenta una distancia importante; pero frente a Santiago de la Peña, la brecha se reduce a sólo cinco puntos.

Por ello, detrás de la discusión sobre “piso parejo”, “dedazo” o intervención gubernamental comienza a perfilarse una pregunta mucho más incómoda para Acción Nacional:

¿la prioridad será presentar al candidato con mayores posibilidades de conservar Chihuahua o garantizar que la candidatura permanezca bajo el control político de Palacio?

La carta de Luis Villegas coloca esa discusión directamente en el escritorio de Jorge Romero y confirma que la sucesión de Chihuahua capital dejó de ser un asunto doméstico del panismo local para convertirse en un problema político que ya alcanza a la dirigencia nacional.

Chihuahua, Chih., martes 1 de septiembre de 2026.— Después de protagonizar un fuerte debate en la sesión anterior del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), los representantes de Morena y PAN, Fernando Chacón y Mariana de la Chica, coincidieron este martes en la necesidad de revisar el calendario electoral propuesto por el Instituto y abrir una mesa de diálogo con los partidos políticos.

La coincidencia surgió luego de que Fernando Chacón, representante de Morena ante el Consejo Estatal, objetara el adelanto de las fechas propuestas para el registro de candidaturas y planteara que, antes de aprobarlas, debían analizarse también sus efectos sobre los procedimientos internos y derechos de las fuerzas políticas.

El contraste se produjo después de que, en la sesión anterior, Chacón y De la Chica sostuvieran un intenso intercambio por las medidas cautelares dictadas por el IEE respecto de espectaculares denunciados por Morena, determinación cuya legalidad fue confirmada este martes por el Tribunal Estatal Electoral.

En esta ocasión, sin embargo, ambas fuerzas políticas encontraron un punto de coincidencia.

El proyecto del IEE proponía que el registro de candidaturas a diputaciones, ayuntamientos y sindicaturas, previsto en la Ley del 12 al 22 de abril de 2027, se adelantara al 1 al 11 de marzo. Para la gubernatura, el periodo legal del 12 al 22 de marzo se trasladaría al 19 de febrero al 1 de marzo.

Durante su intervención, Chacón reconoció que el artículo 109 de la Ley Electoral faculta al Consejo Estatal para realizar ajustes a los plazos, pero sostuvo que la existencia de esa atribución no significa que su ejercicio sea automático ni que pueda sustentarse únicamente en las necesidades operativas de la autoridad.

El representante de Morena centró su objeción en la suficiencia de la justificación del proyecto. Recordó que el propio documento sostiene que no se advierte una alternativa igualmente eficaz que permita atender las necesidades del proceso con una afectación menor; sin embargo, cuestionó que no estuviera suficientemente desarrollado qué alternativas fueron analizadas, por qué fueron descartadas y por qué resultaba indispensable trasladar el registro de candidaturas precisamente hasta el 1 de marzo.

Chacón sostuvo que la modificación debía analizarse también frente a los principios constitucionales de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, legalidad y certeza electoral, pues el ejercicio de una facultad legal debe mantenerse dentro del parámetro de regularidad constitucional.

Posteriormente, las áreas técnicas del Instituto expusieron las razones operativas del proyecto, relacionadas con la revisión de candidaturas, prevenciones y subsanaciones, verificación de requisitos, acciones afirmativas y los tiempos necesarios para el diseño, impresión y distribución de las boletas y demás documentación electoral.

Tras escuchar esta explicación, Chacón sostuvo que las razones técnicas son indispensables para organizar una elección, pero no pueden sustituir la deliberación política y constitucional del Consejo Estatal.

El representante de Morena recordó que el artículo 40 de la Constitución establece que México se constituye como una República representativa, y señaló que el modelo constitucional mexicano no deposita las decisiones públicas exclusivamente en el conocimiento técnico de las áreas administrativas.

“Somos una República representativa, no una tecnocracia en la que el saber técnico determine por sí solo las decisiones de la República”, sostuvo Chacón.

Explicó que precisamente por ello las representaciones partidistas forman parte del Consejo Estatal: para llevar a la deliberación las implicaciones que las decisiones de la autoridad electoral pueden tener sobre la vida interna de las fuerzas políticas.

Chacón señaló que las áreas especializadas deben aportar los elementos técnicos indispensables para la toma de decisiones, pero corresponde al órgano colegiado ponderarlos junto con las disposiciones legales, los principios constitucionales y las posiciones de quienes representan a las fuerzas políticas.

La representante del PAN, Mariana de la Chica, retomó posteriormente el planteamiento formulado por Morena y coincidió en que el Consejo debía escuchar también las necesidades estatutarias, reglamentarias y operativas de los partidos antes de aprobar definitivamente el calendario.

De la Chica expuso implicaciones relacionadas con los procedimientos internos de selección, coaliciones, plataformas electorales, paridad y preparación de registros, y solicitó igualmente retirar el punto para discutirlo en una mesa de trabajo.

A esta posición se sumaron también las representaciones de Somos México y del Partido Verde Ecologista de México, mientras diversas consejerías coincidieron en la conveniencia de ampliar la deliberación.

Finalmente, el Consejo Estatal sometió a votación el retiro del proyecto y la propuesta fue aprobada por mayoría, por lo que el calendario no fue aprobado en los términos originalmente planteados.

Chihuahua, Chih.— El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua confirmó las medidas cautelares dictadas por el Instituto Estatal Electoral respecto de los espectaculares difundidos por el Partido Acción Nacional con la expresión “Muerte y Morena es lo mismo”, al considerar infundados e inoperantes los agravios planteados por ese partido político.

La controversia se originó luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral ordenara el retiro temporal de la propaganda al advertir, de manera preliminar, indicios de contenido calumnioso. Inconforme con esa determinación, Acción Nacional promovió el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador correspondiente, argumentando, entre otras cuestiones, que la expresión constituía una opinión protegida por la libertad de expresión y que la autoridad electoral había realizado una indebida valoración de los elementos de la calumnia.

Al resolver el asunto, el Tribunal sostuvo que la expresión “Muerte y Morena es lo mismo” no necesariamente constituye un simple juicio de valor. De acuerdo con el criterio expuesto en la resolución, la utilización de la fórmula “es lo mismo” establece una relación de equivalencia o identidad entre Morena y hechos vinculados con violencia o delitos de alto impacto, lo cual puede ser sometido a una comprobación objetiva y, por tanto, exceder preliminarmente los límites de la libertad de expresión.

Asimismo, el Tribunal consideró que el Instituto Estatal Electoral no realizó una interpretación indebida al valorar el contexto en el que fue difundida la propaganda, pues la asociación directa entre un partido político y la comisión de delitos puede constituir una afirmación susceptible de ser analizada bajo los parámetros de la calumnia electoral.

Respecto del elemento subjetivo, la resolución también respaldó el análisis realizado por el Instituto, al señalar que, ante la ausencia de elementos que aporten algún grado de veracidad a expresiones con connotación delictiva, puede generarse preliminarmente una presunción respecto de su falsedad y de la intención de afectar al destinatario.

El criterio del Tribunal también destacó que la regulación de la calumnia electoral no sólo tutela a los sujetos directamente señalados, sino que busca proteger el derecho de la ciudadanía a formar su decisión política y ejercer el voto de manera informada.

Con esta determinación, el Tribunal confirmó la legalidad de las medidas cautelares adoptadas por el Instituto Estatal Electoral y mantuvo vigente el retiro temporal de la propaganda denunciada, mientras continúa la sustanciación del procedimiento correspondiente.

La resolución representa un precedente relevante en torno a los límites de la propaganda política, particularmente cuando mediante expresiones, asociaciones o equivalencias se pretende vincular a una fuerza política con hechos de naturaleza criminal sin elementos objetivos que otorguen sustento a dichas afirmaciones.

Cabe precisar que la determinación se refiere exclusivamente a la legalidad de las medidas cautelares y no constituye todavía una resolución definitiva sobre la existencia de la infracción denunciada.