Defensa de César Jáuregui cuestiona facultades de unidad investigadora y suficiencia de pruebas
Durante la audiencia de César Gustavo Jáuregui, los abogados Héctor Villasana y Edgar Torres Sandoval presentaron argumentos para cuestionar tanto la competencia legal de la unidad especializada que investiga el caso como la suficiencia de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para justificar la vinculación a proceso.
Villasana sostuvo que la unidad investigadora carece de facultades legales para conocer de los hechos atribuidos a su representado, mientras que Torres Sandoval argumentó que los elementos expuestos por la Fiscalía no cumplen con las exigencias constitucionales y procesales para acreditar la probable comisión de los delitos imputados.
Villasana cuestiona la legalidad de la unidad investigadora
El abogado Héctor Villasana retomó un planteamiento formulado desde la audiencia inicial, cuando la defensa solicitó analizar la competencia material de la unidad especializada creada para investigar los hechos relacionados con Jáuregui.
Explicó que el juez había reservado el análisis de este argumento hasta conocer los antecedentes de investigación y los hechos atribuidos al exfuncionario, por lo que solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad de las facultades de dicha instancia.
El defensor expuso los siguientes argumentos:
1. La Fiscalía Anticorrupción sería la instancia competente
Villasana sostuvo que la investigación de delitos relacionados con servidores públicos, hechos de corrupción y faltas graves corresponde a la Fiscalía Anticorrupción y a los órganos internos de control de las dependencias involucradas.
Señaló que entre los delitos atribuidos a su representado se encuentra el ejercicio ilegal del servicio público, cuya investigación, según la defensa, corresponde a una instancia con competencias específicas establecidas en la Constitución y las leyes.
2. Cuestiona el acuerdo mediante el cual se creó la unidad
El abogado señaló que la unidad especializada fue creada mediante el acuerdo 41/2026, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 25 de abril de 2026.
Indicó que el documento fue emitido por la gobernadora de Chihuahua y suscrito también por el secretario general de Gobierno, el secretario de Hacienda y el entonces fiscal general, Gustavo Adolfo Jáuregui Moreno.
Añadió que el acuerdo contempló el nombramiento de Wendy Paola Chávez Villanueva al frente de dicha instancia.
3. Argumenta que la gobernadora no tenía facultades para crearla
Villasana sostuvo que, aunque la Fiscalía General del Estado tiene atribuciones para crear unidades especializadas de investigación, la facultad correspondiente recae en el fiscal general y no en la gobernadora.
Por ello, cuestionó que la unidad hubiera surgido de un acuerdo emitido por la titular del Poder Ejecutivo estatal y argumentó que su creación pudo realizarse sin la competencia legal necesaria.
4. Señala una posible invasión de competencias de la Fiscalía Anticorrupción
El defensor agregó que el acuerdo de creación no explica por qué la unidad especializada asumiría investigaciones que, según su interpretación, corresponden a la Fiscalía Anticorrupción, organismo que cuenta con autonomía de gestión en Chihuahua.
Afirmó que un acuerdo administrativo no puede modificar ni desplazar competencias establecidas en la Constitución y en las leyes orgánicas.
Por estos motivos, solicitó al juez que se pronuncie sobre la competencia de la unidad investigadora al resolver la situación jurídica de Jáuregui.
Edgar Torres cuestiona la suficiencia de los datos de prueba
Por su parte, el abogado Edgar Torres Sandoval abordó los argumentos de fondo relacionados con los delitos imputados a César Gustavo Jáuregui.
El defensor sostuvo que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público durante la audiencia inicial no son suficientes para satisfacer las exigencias legales necesarias para justificar la vinculación a proceso por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Para sustentar su postura, citó el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
1. Invoca el estándar de racionalidad para valorar las pruebas
Torres Sandoval pidió aplicar una jurisprudencia que, según explicó, establece un método de análisis racional de los datos de prueba durante la audiencia inicial.
Señaló que este criterio permite distinguir el nivel de exigencia probatoria de una resolución de vinculación a proceso del que corresponde a otras etapas del procedimiento, como una sentencia definitiva.
2. Pide analizar la hipótesis de la Fiscalía
El abogado explicó que, conforme al criterio citado, el juez debe examinar la hipótesis del Ministerio Público a partir de los hechos conocidos y los datos disponibles.
Indicó que los razonamientos deben valorarse mediante reglas de lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicos, con el objetivo de determinar si existe una probabilidad suficiente para considerar que ocurrió un hecho señalado como delito y que el imputado probablemente participó en él.
3. Cuestiona que los datos permitan sostener los delitos imputados
La defensa argumentó que los elementos presentados por la representación social deben someterse a una evaluación racional para establecer si realmente respaldan la hipótesis acusatoria.
Torres Sandoval señaló que este análisis debe conducir a aceptar o rechazar dicha hipótesis mediante una argumentación que explique por qué los datos disponibles permiten o no sostenerla.
La defensa solicita pronunciamientos judiciales
Con estos planteamientos, la defensa de César Jáuregui busca que el juez examine dos aspectos centrales: la competencia legal de la unidad especializada que lleva la investigación y la suficiencia de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para justificar la vinculación a proceso.
En el fragmento de audiencia proporcionado, Villasana solicitó expresamente un pronunciamiento sobre la competencia de la unidad investigadora, mientras que Torres Sandoval comenzó a desarrollar los argumentos relacionados con el estándar probatorio aplicable.
El fragmento no incluye la conclusión de la exposición de Torres Sandoval ni la resolución del juez sobre estos planteamientos.


