Lo que hoy sucede en Chihuahua no solamente ha puesto bajo cuestionamiento la actuación de funcionarios del gobierno estatal. También ha dejado al descubierto las profundas contradicciones de Acción Nacional y la facilidad con la que cambia su discurso cuando sus propios intereses están en juego.
Hace apenas unos meses, la gobernadora María Eugenia Campos acudía a medios nacionales para defender las acciones de su gobierno en materia de seguridad, presumir la cooperación con agencias estadounidenses y sostener que habían actuado correctamente.
Hoy, frente a la detención de César Jáuregui, acusado del grave delito de traición a la patria, la narrativa es completamente distinta.
Lo que antes se defendía públicamente como un logro de gobierno, ahora es motivo de deslindes, señalamientos y responsabilidades que parecen recaer exclusivamente sobre quien durante años fue uno de sus colaboradores más cercanos.
Estamos hablando de César Jáuregui, un hombre que acompañó políticamente a la gobernadora durante más de una década, que fue parte fundamental de su proyecto y a quien ella misma confió una de las responsabilidades más importantes del estado.
Hoy, su propia defensa acusa a la gobernadora de haberlo traicionado, mientras integrantes de Acción Nacional cuestionan públicamente su detención.
Resulta inevitable preguntarse: ¿qué cambió? ¿Los hechos o la conveniencia política? ¿Por qué lo que antes se defendía como una decisión correcta hoy parece ser responsabilidad de una sola persona?
El gobierno estatal tiene la obligación de aclarar estas contradicciones. No basta con cambiar el discurso cuando las circunstancias dejan de ser favorables.
Pero este episodio también exhibe una crisis interna del PAN. Un partido que durante años ha hablado de lealtad, legalidad y principios, hoy enfrenta acusaciones de traición entre sus propios integrantes, mientras uno de sus principales exfuncionarios permanece detenido por un presunto delito contra la soberanía nacional.
La gravedad del caso exige investigaciones imparciales, respeto al debido proceso y responsabilidades sustentadas en pruebas.
Lo que no puede aceptarse es que la responsabilidad política se diluya entre versiones contradictorias, deslindes personales y disputas internas.
La responsabilidad de gobernar no desaparece cuando un colaborador deja de ser políticamente conveniente.
Las y los chihuahuenses merecen saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y por qué las explicaciones públicas del gobierno han cambiado.
Porque la legalidad, la congruencia y la lealtad a México no pueden depender de las circunstancias políticas ni de las relaciones personales de quienes ejercen el poder.
