Organizaciones civiles documentaron que alrededor de 600 personas desplazadas por la violencia se encuentran actualmente en Parral, luego de haber abandonado sus comunidades de origen, principalmente en la Sierra Tarahumara.
De acuerdo con el testimonio presentado, en febrero de este año se identificó a estas personas desplazadas, quienes fueron recibidas en un centro comunitario del DIF. Sin embargo, denunciaron que las condiciones en las que permanecen no son adecuadas y no cubren sus necesidades básicas.
El informe señala además que, en marzo, alrededor de 200 personas retornaron a la comunidad de Atascaderos, acompañadas por autoridades. No obstante, el regreso se habría realizado sin los análisis de riesgo ni las medidas de protección necesarias para garantizar un retorno seguro.
Como consecuencia, varias de las personas que regresaron tuvieron que desplazarse nuevamente o fueron víctimas de hechos de violencia durante el retorno.
Actualmente, algunas de las familias desplazadas permanecen en el centro comunitario en condiciones de hacinamiento, incluyendo personas provenientes de comunidades como Colorado y La Virgen.
Las organizaciones también documentaron antecedentes de violencia en estas comunidades. En el caso de la zona de Colorado y La Virgen, señalaron que, aunque las amenazas y hechos violentos se remontan a años anteriores, fue a partir de 2015 cuando se registró una escalada de violencia, con el asesinato de líderes comunitarios y defensores, entre ellos Víctor Carrillo y Julián Carrillo.
Estos hechos provocaron que numerosas familias abandonaran sus comunidades para ponerse a salvo.
En el caso de La Sierrita, en Guadalupe y Calvo, las organizaciones documentaron que en junio alrededor de 60 personas fueron desplazadas, afectando a nueve familias.
El reporte advierte que las personas desplazadas tampoco han recibido atención integral, pues existen casos en los que no cuentan con atención médica ni asesoría jurídica para enfrentar los procesos derivados de la violencia y los delitos de los que han sido víctimas.
Las organizaciones civiles señalaron que el desplazamiento forzado continúa representando una problemática grave en Chihuahua y cuestionaron la respuesta de las autoridades para garantizar condiciones dignas, seguridad y una reparación adecuada para las familias que han tenido que abandonar sus comunidades.
