Chihuahua, Chih.– El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) lanzó una campaña para visibilizar casos de mujeres que, aseguran, fueron procesadas y sentenciadas sin perspectiva de género, poniendo como ejemplo el de Erika, una mujer que cumple una condena de 13 años de prisión tras haber sido acusada de trata de personas por vender mazapanes en la calle junto a su hija de 13 años.
Nubia Arillanes Orozco, integrante del CEDEHM, explicó que la intención de esta jornada es evidenciar que existen numerosos procedimientos judiciales en los que no se analizaron las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres ni se respetaron plenamente sus derechos humanos.
“Queremos que la sociedad conozca que hay muchos casos como este y reflexione sobre la forma en que fueron juzgadas estas mujeres”, expresó.
Arillanes detalló que Erika podría convertirse en una de las primeras beneficiarias de la Ley de Indulto aprobada recientemente en Chihuahua. No obstante, señaló que aún existen requisitos que dificultan su acceso a ese beneficio, por lo que la organización busca visibilizar su situación y recaudar apoyo ciudadano.
De acuerdo con el CEDEHM, Erika y su hija fueron detenidas mientras vendían mazapanes en la vía pública. La menor fue reconocida por las autoridades como víctima, mientras que la madre fue procesada y sentenciada por trata de personas al considerar que existía explotación infantil.
La defensora sostuvo que durante el proceso judicial no se tomó en cuenta que tanto Erika como su hija eran víctimas de violencia familiar, ni que ella vive con una discapacidad que le impide desempeñar un empleo formal y estable, razón por la que obtenía ingresos mediante la venta de dulces.
Actualmente, Erika ha permanecido casi seis años en prisión y, según el CEDEHM, necesita cubrir un pago de 40 mil pesos para poder acceder al beneficio de libertad previsto en la nueva legislación. Por ello, la organización inició una colecta para reunir esa cantidad.
Arillanes también cuestionó la actuación del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, al considerar que ambas instituciones omitieron analizar el contexto de violencia y vulnerabilidad que rodeaba el caso y resolvieron el proceso sin aplicar una perspectiva de género.
Finalmente, informó que el CEDEHM ya realiza visitas al Centro de Reinserción Social Femenil para identificar a otras mujeres que pudieran reunir los requisitos para solicitar el indulto y brindarles asesoría jurídica, al considerar que el caso de Erika no es un hecho aislado, sino parte de una problemática más amplia en el sistema de justicia.
