En varias dependencias del Gobierno del Estado ya comenzaron a hablar sobre medidas para gastar menos dinero durante la segunda mitad del año. Aunque la Secretaría de Hacienda no ha dado una postura oficial, trabajadores de distintas áreas aseguran que ya les informaron sobre cambios para cuidar el presupuesto.
Una de las medidas que, según estas versiones, se aplicaría es no volver a contratar al personal eventual cuando termine su contrato. De esta forma, el número de empleados iría bajando poco a poco, sin hacer despidos masivos.
Los primeros efectos de esta situación ya empezarían a verse en algunos programas del gobierno. Uno de ellos sería Chalecos Azules, donde, de acuerdo con información obtenida por este medio, hubo una reducción en los recursos que recibe el programa.
Algo parecido ocurrió en Ciudad Juárez. Según las versiones consultadas, en la oficina regional de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, encabezada por Austria Galindo, cerca de 35 personas que trabajaban en ese programa terminaron su contrato y ya no fueron contratadas de nuevo.
Estas acciones han fortalecido la idea de que el plan para reducir gastos ya está afectando tanto a los programas públicos como al personal de algunas dependencias.
Además de estos cambios, existe preocupación por la situación financiera del estado. Fuentes consultadas estiman que, si la situación sigue igual, el Gobierno del Estado podría cerrar su administración con un déficit mayor a los 3 mil millones de pesos, lo que dejaría menos dinero disponible para operar.
La situación también se complica por las reglas de la Ley de Disciplina Financiera, ya que esta impide que, al final de una administración, se pidan créditos de corto plazo para cubrir gastos. Ese tipo de préstamos debe pagarse antes de que termine el periodo de gobierno, por lo que esa opción prácticamente no estaría disponible.
Si ese escenario se cumple, algunos programas del próximo año podrían arrancar con menos presupuesto. Esto limitaría la capacidad del gobierno para realizar obras, mantener programas sociales y ofrecer otros servicios, especialmente en un periodo previo a las elecciones.
De acuerdo con las fuentes consultadas, uno de los motivos de esta presión económica es la desaceleración que vive el país, la cual, aseguran, ha afectado con mayor fuerza a Chihuahua que a otros estados del norte.
También señalan que ha entrado menos dinero a las arcas estatales porque muchas personas y empresas han retrasado el pago de impuestos, derechos y la revalidación vehicular. Además, los programas de descuentos por pronto pago no habrían tenido la respuesta que esperaban las autoridades.
A esto se suma la preocupación de algunos representantes del sector empresarial por el aumento al Impuesto Sobre Nómina. Empresarios afirman que este incremento elevó los costos de operación y que algunos centros de trabajo incluso redujeron el número de empleados registrados ante la seguridad social para disminuir gastos. Estas declaraciones corresponden a opiniones del sector empresarial y no han sido confirmadas oficialmente por el Gobierno del Estado.
Hasta ahora, la Secretaría de Hacienda no ha confirmado la existencia de un plan general de recortes, la suspensión de renovaciones de contratos ni las proyecciones financieras mencionadas. Sin embargo, trabajadores de distintas dependencias sostienen que ya comenzaron reuniones internas para informar sobre la necesidad de hacer un uso más cuidadoso del dinero y del personal durante lo que resta del año.
