La eurodiputada española Diana Riba advirtió sobre la existencia de un posible “negocio del despojo” detrás del desplazamiento forzado de familias en la Sierra Tarahumara, al señalar que la violencia está provocando que habitantes abandonen sus comunidades, mientras sus tierras y recursos naturales permanecen en manos de quienes buscan controlar el territorio.

Durante la presentación de los resultados de una misión civil de observación sobre desplazamiento forzado en Chihuahua, Riba expuso que, durante las visitas a Guadalupe y Calvo y Baborigame, conocieron de primera mano las condiciones de las familias que han tenido que abandonar sus hogares para proteger su vida.

“Cuando una familia huye, pierde mucho más que un techo. Están perdiendo su trabajo, sus tierras y una comunidad que les sostiene la vida”, expresó.

La legisladora europea señaló que las organizaciones civiles que acompañan a las víctimas han denunciado que estos desplazamientos estarían relacionados con el control territorial y el aprovechamiento de recursos naturales, mediante actividades como la tala ilegal y la extracción de minerales, entre ellos oro y plata.

Ante este escenario, cuestionó quiénes terminan beneficiándose del abandono de las comunidades y quiénes se quedan con las tierras y sus recursos.

“Hay que investigar quiénes amenazan y a quiénes benefician”, sostuvo, al advertir que la violencia ha provocado el abandono de espacios donde anteriormente había escuelas, niños y vida comunitaria.

Riba también presentó cifras del mecanismo federal de protección, que actualmente registra a 2 mil 362 personas beneficiarias: 53% personas defensoras de derechos humanos, 29% periodistas y 18% familiares de las víctimas.

Además, indicó que Chihuahua ocupa el séptimo lugar nacional entre las 32 entidades por número de personas incorporadas a este mecanismo.

Sobre los agresores identificados contra personas defensoras y periodistas, detalló que el 50% corresponde al crimen organizado, 17% a actores no identificados y 33% a actores estatales, entre ellos policías municipales y funcionarios públicos.

La eurodiputada consideró necesario que los análisis de riesgo contemplen el contexto criminal en el que trabajan periodistas y personas defensoras, particularmente quienes protegen la tierra, el territorio, el agua y el acceso a la salud en comunidades alejadas.

Finalmente, informó que la misión presentó cuatro propuestas a las autoridades mexicanas para atender a las familias desplazadas. Entre los planteamientos mencionó establecer una coordinación efectiva entre los gobiernos municipales, estatal y federal, con responsables identificables, plazos, calendarios y mecanismos de seguimiento.

Riba reconoció la disposición de las autoridades mexicanas para acompañar la misión y dialogar sobre la problemática, pero insistió en la necesidad de construir soluciones que permitan atender la crisis humanitaria y evitar que más comunidades sean expulsadas de sus territorios.