La diputada Brenda Ríos lanzó un llamado para poner bajo la lupa los procesos de autorización de desarrollos inmobiliarios y la regularización de predios en el municipio de Chihuahua, al advertir que existen denuncias de posibles favoritismos, discrecionalidad y obstáculos que estarían afectando principalmente a pequeños y medianos desarrolladores.

Mediante un Punto de Acuerdo presentado ante el Congreso del Estado, la legisladora exhortó al Ayuntamiento de Chihuahua, a la Secretaría General de Gobierno y al Registro Público de la Propiedad a transparentar sus procedimientos, hacer públicos los criterios con los que autorizan o rechazan proyectos y garantizar que todos los participantes compitan en igualdad de condiciones.

“Cuando las reglas no son claras, se abre la puerta a los privilegios. No puede haber desarrolladores de primera y de segunda. La ley debe aplicarse igual para todos”, sostuvo.

Brenda Ríos señaló que actualmente existen más de 30 mil lotes urbanos pendientes de regularización, una situación que mantiene en la incertidumbre patrimonial a miles de familias y también frena inversiones que podrían traducirse en empleo y desarrollo económico para Chihuahua.

La diputada afirmó que diversos integrantes del sector inmobiliario han manifestado preocupación por presuntos retrasos injustificados, cambios de criterio, negativas sin una motivación clara y procedimientos administrativos que, aseguran, no se aplican de manera uniforme.

Además, advirtió que algunos promoventes han señalado dificultades para inscribir resoluciones judiciales relacionadas con la prescripción adquisitiva ante el Registro Público de la Propiedad, pese a contar con sentencias emitidas por autoridades competentes, lo que genera incertidumbre jurídica.

Ante este panorama, la legisladora pidió que las autoridades publiquen información de los últimos cinco años sobre autorizaciones, proyectos rechazados, tiempos de respuesta, criterios utilizados y procedimientos relacionados con la regularización de predios, con el objetivo de que exista una verdadera rendición de cuentas.

El exhorto también plantea la digitalización de todos los trámites para que los ciudadanos puedan dar seguimiento en tiempo real a sus solicitudes, reduciendo los márgenes para la discrecionalidad y fortaleciendo la transparencia institucional.

Asimismo, solicita que las autoridades analicen e investiguen la posible existencia de prácticas que pudieran limitar la libre competencia o favorecer indebidamente a determinados actores del sector inmobiliario, siempre dentro del marco de sus atribuciones legales.

Como parte de la propuesta, Brenda Ríos planteó instalar una mesa permanente de diálogo entre autoridades municipales, estatales, representantes del Registro Público de la Propiedad, desarrolladores inmobiliarios y el Poder Legislativo para construir soluciones que permitan un desarrollo urbano ordenado, transparente y con certeza jurídica.

Finalmente, el Punto de Acuerdo establece que las autoridades deberán informar al Congreso, en un plazo máximo de 60 días naturales, sobre las acciones emprendidas para atender el exhorto y los avances logrados en materia de transparencia, regularización de predios y modernización de los procedimientos administrativos.

“Lo que está en juego no son únicamente permisos o trámites administrativos; está en juego la confianza en las instituciones, la inversión y el patrimonio de miles de familias chihuahuenses”, concluyó la legisladora.