El legislador afirmó que el programa “se cae a pedazos” y lo calificó como un “fracaso rotundo”, al señalar que más de 87 millones de mexicanos no se han registrado y, aseguró, tampoco lo harán, sin importar si el plazo se amplía por días, meses o años.
“Defendemos nuestra libertad, protegemos nuestra privacidad y queremos que nuestras familias estén bien. Entregar nuestros datos biométricos y registrar nuestro celular nos pone en una situación de vulnerabilidad”, expresó.
Sánchez Villegas sostuvo que el Gobierno Federal no ofrece garantías para proteger la información personal de los ciudadanos, al recordar que diversas dependencias federales han sido víctimas de ataques informáticos.
“Este es el gobierno más hackeado del mundo. Han hackeado a la Sedena, al SAT, a Bienestar, a la Secretaría de Salud y recientemente al Registro Nacional de Personas en espera de un trasplante de órgano”, señaló.
El diputado advirtió que, con información personal en manos de delincuentes, las extorsiones telefónicas podrían aumentar y ser más sofisticadas, al contar con datos como nombres de familiares o información sensible de las víctimas.
Respecto a la ampliación del plazo para el registro, afirmó que no representa una solución, sino una estrategia para aplicar de forma escalonada las restricciones a quienes no cumplan con el trámite.
Explicó que, de acuerdo con el nuevo esquema, la cancelación de servicios se realizaría conforme al último dígito del número telefónico, iniciando el 15 de agosto para algunos usuarios y extendiéndose gradualmente.
Sánchez Villegas advirtió que esta medida podría impedir a miles de personas acceder a servicios financieros mediante aplicaciones móviles, como consultar su pensión, recibir su nómina o disponer de sus ahorros.
“Es verdaderamente absurdo. El registro de líneas celulares se cae a pedazos. El régimen despertó al tigre, despertó al lobo del norte y los estamos mordiendo. Por eso están tratando de recular con esta estrategia carroñera”, declaró.
Finalmente, el coordinador de Movimiento Ciudadano insistió en que la prórroga no resuelve el problema de fondo y reiteró su rechazo al registro obligatorio, al considerar que vulnera la privacidad de los ciudadanos y debe ser desechado.
